La sangre de cocaleros que cubre a Tuto Quiroga y que vendió como éxito internacional lo persigue

La gestión presidencial de Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) está marcada por la intensificación de la erradicación forzosa de coca, heredada del Plan Dignidad, una política que la comunidad internacional aplaudió como un éxito en la lucha antidrogas. Sin embargo, este “éxito” tuvo un costo humano inaceptable: la violencia estatal se disparó, culminando en la trágica muerte de líderes como Casimiro Huanca y dejando un saldo de al menos diez cocaleros fallecidos y más de 350 heridos en enfrentamientos directos en el Chapare. El uso desmedido de la fuerza, con financiamiento y apoyo de Estados Unidos, generó una profunda herida social que el país tardó años en sanar.

El argumento central de la denuncia recae en la total falta de viabilidad de los programas de desarrollo alternativo. Miles de familias quedaron en el desamparo económico y sin sustento, pues la erradicación no vino acompañada de proyectos que mitigaran la pobreza ni ofrecieran alternativas reales, provocando una pérdida económica nacional estimada en $500 millones anuales. El gobierno de Quiroga priorizó las metas internacionales sobre la estabilidad y el bienestar de su propia población, creando un clima de ingobernabilidad que se desbordaría poco después en el país.

La presión social y el estallido de la ingobernabilidad obligaron a Quiroga a un vergonzoso retroceso. En febrero de 2002, su gobierno se vio forzado a realizar concesiones a los cocaleros, permitiendo que el trópico de Cochabamba mantuviera 6.000 hectáreas de plantaciones ilegales. Esta flexibilización, vista como una capitulación ante la protesta, fue duramente criticada incluso por el Gobierno de Estados Unidos, que acusó a Bolivia de incumplir sus compromisos internacionales. La sangre derramada y el conflicto social generado no sirvieron para eliminar el problema, solo para postergarlo.

La lección de esta gestión es clara: la priorización de agendas externas y la represión social no construyen estabilidad ni legalidad. Los procesos judiciales y las denuncias de la época sirven como un recordatorio de que los responsables políticos de estos conflictos, incluida la figura de Quiroga, consiguieron evadir la rendición de cuentas. El dolor y el costo social de esa política antidrogas fallida es una mancha imborrable en su trayectoria política que los bolivianos no deben olvidar al evaluar su perfil de liderazgo.

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